Nora Cortiñas: “Si el Río se concesiona, nuevamente los argentinos perdemos”

Más de 150 representantes de la Ctaa y de organizaciones que defienden la soberanía del Paraná, llevaron el viernes una charla debate donde debatieron sobre la importancia de la soberanía del río Paraná, el rol del Estado y la necesidad de construir la democratización de las políticas públicas, como también acerca de la necesidad de avanzar en una estrategia “que recupere la riqueza del país para beneficio de nuestro pueblo”.

“No queremos que nuestro río siga siendo abusado, maltratado y privatizado de hecho mediante concesiones tramposas y colonizantes”, fue una de las conclusiones de la reunión.

Instan a los ciudadanos a exigir la renacionalización del Paraná para que el Estado argentino se haga cargo de todos los controles, dragados, puertos, fiscalizaciones y peajes, y para que nunca más este río ni ningún otro sea “concesionado”.

En consecuencia repudian toda forma de reprivatización encubierta y reclamamos renacionalizar el Paraná y exigen la inmediata derogación del Decreto 949/2020.

Y en este marco y en defensa de las riquezas naturales del país invitan a sumarse a la tarea de juntar millares de firmas en reclamo de una consulta popular sobre las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno nacional. El encuentro estuvo coordinado por Pablo Spataro, secretario general de Ctaa Capital, y participaron Mempo Giardinelli: periodista, escritor y miembro del Manifiesto Argentino por la Soberanía; Carlos Del Frade: periodista, escritor y miembro del Manifiesto Argentino por la Soberanía; Jésica Gentile: especialista en medio ambiente. Ecosocialista; Leonardo Ortiz: secretario general adjunto de la Ctaa Corrientes y miembro del Foro por la Soberanía del Río Paraná; Oscar Verón: capitán fluvial, delegado general de ATE Vías Navegables. Miembro del Frente Soberanía Nacional e integrante del Frente de Unidad Germán Abdala de ATE; Nora Cortiñas: Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Ricardo Pedro: secretario general de Ctaa Nacional.

Por su parte Leonardo Ortiz, secretario adjunto de la CTA A de Corrientes expresó: «En esta oportunidad nos convocamos para reflexionar e interpelarnos sobre la independencia y desarrollo de nuestro país, el cual a días de conmemorar un nuevo aniversario de la independencia esta no debe ser considerada una tarea conclusa sino una expresión continua que se refleja en las políticas que son llevadas adelante por los gobiernos».

Los números del negocio

El destacado periodista y escritor Carlos del Frade, aseguró que “quedarse con el control y el peaje del Paraná está bien, aunque no se entiende por qué solamente por un año”.

Recordó que según datos de la concesionaria “en un año se facturan 300 millones de dólares por el peaje, pero las exportaciones que se van por el Paraná suman, como mínimo, 30 mil millones de dólares”, por lo tanto “es fundamental preguntarnos por qué nos quedamos con la centésima parte de lo que surge de la producción argentina cuando hay 19 millones de personas por debajo de la línea de pobreza”, dijo y abogó por un sistema “mixto” con participación público privada en este proceso. “Hay que profundizar la pelea por recuperar la soberanía económica y ambiental y también denunciar la corrupción de las empresas multinacionales, grandes responsables del contrabando, la sobrefacturación de importaciones, la subfacturación de exportaciones y la mirada hacia otro lado con el contrabando de armas y narcotráfico”, dijo.

Según datos de Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (Iade) y Proyecto Económico, la subfacturación de exportaciones, una de las operaciones fraudulentas realizadas en el río Paraná, se observan en el valor total de las exportaciones del capítulo 12 de la Nomenclatura Común del Mercosur (porotos y subproductos de soja, granos de maíz, harina y grano de trigo), que en el período 2011-2020 fueron según datos del Indec por u$s 39.434 millones, mientras que el valor declarado en las aduanas de destino, alcanzó los u$s 49.220 millones, es decir, existió una diferencia de u$s 9.780 millones.

En ese sentido el Grupo 25 de mayo, del que participa la legisladora oficialista Fernanda Vallejos, celebró la decisión presidencial. “Son dos de las demandas de la Proclama del 20 de junio que impulsó el Grupo 25 de Mayo para recuperar la soberanía sobre el río Paraná”, indicó en un comunicado.

Los dirigentes de este nucleamiento destacaron el decreto 427/2021 y rescata que el mismo “también aclara que las potestades de la AGP son pasibles de una prórroga “hasta la toma de servicio por parte de quien o quienes resultaren adjudicatarios de la licitación” definitiva.

Vallejos subrayó que “la decisión de nuestro gobierno vuelve a colocar al Estado al frente de la gestión sobre el río Paraná y esto es un acto de restauración de la soberanía nacional, inmensamente dañada durante las etapas neoliberales de nuestra historia”.

El dirigente agropecuario y ex titular de la Federación Agraria Argentina, Pedro Peretti, se mostró entusiasmado con la determinación del Ejecutivo. “Es una decisión muy trascendente del Estado, muy acertada, muy justa”, dijo y señaló que “a esto hay que agregarle otros tres hechos muy importantes; la constitución de la Comisión Bicameral de seguimiento de la Hidrovía, la conformación del Consejo Federal, donde hay organizaciones sociales, dónde están las provincias, a lo que debemos sumarle la propuesta de volver a dragar el Magdalena, que va a significar una importante reducción de costos para los productores en fletes”.

En esta misma línea, el presidente de Astillero Río Santiago, Pedro Wasiejko, aplaudió la decisión gubernamental porqué consideró que “favorecerá a los productores locales y a la industria nacional”.

La Proclama del 20 de junio advirtió que la concesión a Hidrovía SA significó un “caso piloto ejemplar” de un sistema de privatización del peaje y control del tráfico fluvial, “inédito a nivel mundial”.

“Ninguno de los países con sistemas de transporte fluvial desarrollados, como EEUU, China o Europa, ha adoptado, desde entonces, el modelo argentino de cesión monopólica a privados, sin control efectivo del Estado; por el contrario, han mantenido la incumbencia pública para garantizar la defensa de la soberanía y el interés nacional en sus vías navegables interiores”, señalaron.

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