La denominada Causa Piazza Hnos. (expedientes Nº 933/1997 y 1908/1996) continúa consolidándose como uno de los litigios más extensos y complejos de la región de Rosario. A tres décadas de iniciadas las primeras acciones legales por Ángel Juan Piazza y Carmen Emma Sisia para asegurar sus bienes ante la detracción patrimonial por parte de su socio hermano —maniobra que incluyó la transferencia de activos hacia terceros en complicidad con un grupo de profesionales de la ciudad de fuerte peso y entramado institucional, orquestado tras una inspección de la DGI—, el caso expone una profunda grieta entre los tiempos de la justicia provincial y la dinámica comercial cotidiana de la ciudad.
El conflicto original, del cual tras treinta años en los tribunales solo quedaron sentencias incumplidas junto a un nuevo intento de fraude procesal, enriquecimiento y explotación unilateral, derivó hoy en un escenario de parálisis institucional. Ante este panorama, allegados a la familia adelantaron que se presentarían ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —previo paso por la Corte Suprema— denunciando la violación a la tutela judicial efectiva de adultos mayores, la despatrimonialización sufrida a lo largo de las décadas y la configuración de un sistemático fraude procesal perpetuado durante años.
Los herederos de la familia sostienen activamente que el expediente expone una denegación de justicia continua e incumplimientos de fallos previos en el fuero local. Esto motivó la decisión irreversible de buscar el amparo de los tratados internacionales para exigir que el Estado responda patrimonialmente por la falta de resolución en un plazo razonable.
El fuerte contraste comercial
Mientras el expediente principal de Piazza Hnos. duerme en los despachos judiciales, el apellido mantiene su vigencia en el corazón productivo de Rosario. Mientras los puestos siguen siendo explotados de forma unilateral y exclusiva por los herederos de A. Piazza y desarrolla con total normalidad su actividad operativa como puestero dentro de las instalaciones del Mercado de Concentración de Fisherton, utilizando para ello bienes que pertenecen a Angel Juan Piazza.
El presente comercial no podría ser más opuesto a la realidad del expediente judicial: el mercado de frutas y hortalizas avanza en un plan de expansión histórica aprobado unánimemente por el Concejo Municipal. El proyecto contempla pasar de un predio de 6 a 15 hectáreas, transformando la zona noroeste mediante nuevas playas logísticas y locales comerciales.
La causa Piazza Hnos. sobrevive así en dos realidades paralelas: la de una familia que prepara su estrategia hacia los tribunales internacionales para frenar un despojo patrimonial amparado por estructuras institucionales, y la de un mercado que acelera su modernización logística indiferente al paso de los años.
