Mientras el ministro de Economía pontifica con aire de recitador de poemas y desde las comitivas nacionales se entona, al mejor estilo Palito Ortega, aquel conocido estribillo de «Yo tengo fe que todo cambiará», la realidad territorial exige certezas. La retórica fiscal y las expresiones de optimismo chocan de frente contra una contabilidad federal paralizada.
En el tablero político provincial, la relación con el Poder Ejecutivo Nacional agotó la etapa del diálogo formal. La paciencia de la gestión correntina tocó un límite. Tras meses de comitivas porteñas recorriendo el Norte Grande —encabezadas por Diego Santilli, quien no dudó en asegurar públicamente que casi el noventa por ciento de los reclamos provinciales ya estaban resueltos—, los hechos demuestran lo contrario:
Los compromisos asumidos en la Casa Rosada sufren dilaciones sistemáticas en las dependencias ministeriales, mientras las autovías y obras viales estratégicas continúan paralizadas.
Ante este escenario, Juan Pablo Valdés decidió cambiar la postura y —sacar el cuchillo de abajo del poncho–
El mandatario provincial ha demostrado actuar como una persona sana, de bien y defensora irrestricta de la palabra empeñada. Ese valor ético fuertemente con la dinámica especulativa del escenario nacional. Corrientes honró cada compromiso asumido, pero no aceptará ser objeto de maniobras dilatorias cuando se trata de partidas previamente acordadas, como el régimen de «Zona Fría» o las inversiones en infraestructura básica.
Este golpe de mesa expone, al mismo tiempo, frentes internos y parlamentarios en silencio
El silencio de la bancada oficialista:
Mientras desde la gobernación se fija una postura inflexible ante la Nación, los senadores y diputados del bloque provincial en el Congreso Nacional guardan un notorio hermetismo. Son los mismos legisladores que acompañaron sin dudar la totalidad de las leyes solicitadas por el Presidente para garantizar gobernabilidad. Frente a un centralismo que no responde, la pasividad legislativa deja de ser prudencia para convertirse en una incógnita política.
Reforma política y los tropiezos en el Congreso:
Con temas pendientes de tratamiento —entre ellos la reforma electoral y el paquete presupuestario—, la bancada nacional ya dio muestras de fragilidad. El antecedente reciente donde Patricia Bullrich debió negociar a contra reloj en el Senado por la ley de tierras, terminando con el retiro forzado de varios artículos tras no dar los números, demuestra que el esquema oficialista no es invulnerable. La representación correntina posee allí un factor decisivo: mantener el voto automático hacia un Ejecutivo que desatiende los pactos provinciales neutralizaría el reclamo del gobernador y debilitaría la posición de la provincia.
La demanda interna y la presión salarial:
El posicionamiento de Valdés cobra aún más vigor porque la ciudadanía correntina exige respuestas inmediatas en el plano local. Para sostener el bienestar de las familias e impulsar los ajustes de manera sostenida, es imperativo que los recursos federales coparticipables y las compensaciones históricas ingresen sin demoras ni recortes injustificados.
A esta urgencia de ingresos se suma un factor de fuerte presión social y económica en el plano doméstico: la administración pública provincial aguarda con expectativa una pronta recomposición de sus haberes, en un contexto donde el propio gobernador ya confirmó que las tarifas del servicio eléctrico llegarán con fuertes incrementos. El impacto del tarifazo energético sobre los hogares correntinos vuelve impostergable una inyección en los ingresos estatales, haciendo aún más indispensable que la provincia perciba hasta el último centavo que la Nación retiene o dilata.
La gobernabilidad es un esquema de ida y vuelta. Valdés marcó un límite firme en defensa del territorio y de su propia palabra. Resta ver si los representantes correntinos en el Congreso actuarán en consecuencia para hacer valer el peso de sus bancas en las votaciones decisivas que se avecinan.
