Las recientes declaraciones del jefe del Servicio Penitenciario de Corrientes, Guillermo Sotelo, en el programa sin freno confirmaron una realidad alarmante que trasciende el plano de las meras estadísticas: la Unidad Penal 1 opera hoy con un exceso de ocupación que supera el 50% de su capacidad real. Esta revelación no hace más que profundizar las advertencias que ya planteaba hace un año la Dra. Teresa Zacarías al frente del Juzgado de Ejecución de Condena, exponiendo un colapso operativo continuo en el principal centro de detención provincial que coloca a la gestión pública frente a un desafío inevitable.
El riesgo de la contención pasiva
Frente a la saturación edilicia, las respuestas de emergencia suelen enfocarse en la redistribución geográfica: el traslado de internos hacia dependencias del interior provincial o alcaidías. Si bien estas medidas alivian momentáneamente el núcleo crítico de la capital, no resuelven la causa de fondo y corren el riesgo de sobrecargar centros diseñados para alojamientos temporales, tensionando la logística judicial y la seguridad regional.
Pero el problema más grave del hacinamiento no es únicamente en la falta de metros cuadrados, sino en la parálisis de la función resocializadora de la pena. Cuando los pabellones se saturan, los espacios destinados a talleres de oficios, aulas educativas y áreas deportivas son leídos como metros prescindibles para improvisar dormitorios. Como resultado, cientos de personas privadas de la libertad transcurren condenas marcadas por la ociosidad absoluta.
Un costo fiscal sin retorno social
Desde una perspectiva socioeconómica, el esquema de «encierro pasivo» resulta financieramente insostenible para el Estado:
La manutención, la atención médica y la custodia de una población penal inactiva representan un gasto público constante que no genera ningún tipo de valor retributivo para la comunidad.
La ociosidad y la sobrepoblación potencian los niveles de conflictividad interna, derivando en motines, destrucción de instalaciones y un costo recurrente de reparación edilicia.
Un interno que cumple su pena sin haber adquirido una disciplina laboral o un oficio certificado vuelve a la sociedad en iguales o peores condiciones de vulnerabilidad, alimentando un círculo vicioso que multiplica el gasto en seguridad e infraestructura a largo plazo.
Nadie pretende convertir de la noche a la mañana el sistema carcelario en un modelo idílico o de bienestar irreal. En los tiempos de restricción presupuestaria que corren, las soluciones deben ser pragmáticas, graduales y aplicables con los recursos existentes:
Promover convenios de baja complejidad con el sector privado y organismos públicos para instalar talleres de carpintería, textil, metalúrgica o huertas. La meta inmediata no es la industrialización masiva, sino que los propios internos generen insumos que el Estado hoy compra afuera (mobiliario escolar, uniformes, mantenimiento urbano y alimentos básicos).
1. Implementar módulos de oficios con salida laboral rápida dictados por centros de formación profesional. El objetivo debe ser simple: que quien cumpla su condena salga con una herramienta concreta y certificada que reduzca las probabilidades de reincidencia.
2. Utilizar la mano de obra interna para la reparación, pintura y acondicionamiento de las mismas dependencias penales y edificios públicos, reduciendo el gasto estatal en contrataciones externas y generando hábitos de trabajo.
A un año de los primeros alertas judiciales y con cifras que siguen en aumento, queda claro que el hacinamiento no se combate solo agregando plazas o trasladando personas de un mapa a otro, sino otorgando un sentido de finalidad al encierro. Transformar gradualmente el tiempo de condena en horas de formación y trabajo útil es la única vía terrenal y posible para amortizar el costo fiscal de las cárceles, resguardar el trato digno y ofrecer una respuesta efectiva a la demanda de seguridad de la sociedad.
