Por Leonardo Ortiz
La administración del gobernador Juan Pablo Valdés enfrenta un escenario financiero que los técnicos del Ministerio de Hacienda ya califican en privado como «la tormenta perfecta». La combinación de un freno abrupto en las transferencias por coparticipación federal, sumado a una preocupante meseta en la recaudación de los tributos provinciales, está empujando a la gestión hacia un ajuste de emergencia silencioso, poniendo en vilo la obra pública y la prestación de servicios esenciales.
La asfixia desde Nación
El principal motor de los ingresos corrientes, la masa coparticipable, ha dejado de ser un salvavidas para convertirse en un ancla. Los datos duros reflejan que, en términos reales —descontando una inflación que en la región del NEA se siente con particular crudeza—, los envíos nacionales han sufrido una contracción de dos dígitos en lo que va del año. La recesión económica impacta de lleno en la recaudación de IVA y Ganancias, y ese retroceso se traduce en menos fondos para una provincia que, a diferencia de otras con cajas más diversificadas, depende en más de un 85% de los recursos de origen nacional para pagar sueldos y mantener el andamiaje estatal.
El problema ya no es solo de flujo, sino de expectativas. La Gobernación había presupuestado un sendero de estabilización que se desmoronó ante la falta de reactivación del consumo. A eso se le suma la deuda histórica que la Nación mantiene con la provincia en concepto de fondos previsionales no transferidos y compensaciones no abonadas, un reclamo que en la actual coyuntura política parece destinado a dormir en los cajones de la Casa Rosada.
Las declaraciones de algunos dirigentes oficialistas ponen en dudas el avance y los compromisos asumidos por el gobierno nacional a través del ministro Diego Santilli con nuestro gobernador, hace un par de semanas exultantemente el gobernador había asegurado el acuerdo de cara a la deuda previsional de la ANSES con el IPS, como así también el traspaso de tierras del estado nacional a la provincia y la puesta al día de las siempre mencionadas regalías de Yacireta….
El agotamiento del «impuesto al viento»
Como si la sequía de fondos nacionales fuera poco, la provincia ve con alarma cómo su principal herramienta de blindaje fiscal, el Impuesto a los Ingresos Brutos, muestra signos claros de agotamiento. La fuerte presión tributaria sobre el sector productivo y comercial ya rozó su límite. En los pasillos del Ministerio de Hacienda admiten que no hay margen para nuevas alícuotas sin correr el riesgo de profundizar la fuga de inversiones hacia provincias vecinas con esquemas más competitivos, como el régimen simplificado de Misiones o los diferimientos impositivos del Chaco para la industria.
En paralelo, el Inmobiliario Rural, históricamente subvaluado en Corrientes, sigue sin rendir lo esperado tras la fallida actualización catastral de años anteriores. La resistencia de las entidades rurales, en un contexto de precios internacionales deprimidos y costos internos en alza, impide cualquier revalúo fiscal que compense la caída de otros tributos. La recaudación propia, que supo ser la bandera de la autonomía provincial, hoy apenas logra cubrir una fracción decreciente del gasto corriente.
El dilema del gasto: sueldos, obra pública y cintura política
Con este combo, el gabinete económico enfrenta el mayor desafío desde la pandemia. Las partidas para obra pública, financiadas históricamente con aportes del tesoro nacional, están virtualmente paralizadas. Los certificados de obra se pagan con retrasos exasperantes y los nuevos proyectos brillan por su ausencia en el Boletín Oficial. La administración Valdés se ve obligada a priorizar el pago de salarios de la administración pública —que representan más del 60% del gasto total—, pero incluso esa prioridad máxima empieza a tensionarse, cuando los salarios son de los más bajos de la nación. Corrientes ya resignó poder de compra salarial en las últimas paritarias, y una nueva ronda de ajuste sobre los haberes podría desatar un conflicto social difícil de contener en un próximo año electoral.
La paradoja es cruel: la provincia cuenta con reservas financieras mínimas y una baja proporción de endeudamiento en relación a su producto bruto, pero carece de un «colchón» de recursos genuinos para cruzar este desierto recesivo sin sufrir daños estructurales. La administración apuesta a mejorar la eficiencia del gasto y a digitalizar la recaudación para combatir la evasión, pero los analistas advierten que esas medidas de gestión son apenas un torniquete para una hemorragia de esta magnitud que ya todos los especialistas llaman DEFICIT FISCAL PROVINCIAL.
En definitiva, el gobierno de Juan Pablo Valdés navega un río de ingresos menguantes. Sin un cambio drástico en el ciclo económico nacional o un replanteo profundo del pacto fiscal federal, la provincia parece condenada a administrar la escasez en modo de supervivencia, postergando las promesas de desarrollo por el imperativo urgente de mantener el Estado en marcha.
