La decisión del intendente de avanzar en un plan integral de infraestructura para unificar las dependencias de la Comuna marca un nuevo estilo de gestión en la capital correntina:
operativo y reordenamiento del patrimonio municipal. Sin embargo, al abarcar la totalidad del inmueble de Pasaje Villanueva 1470, el proyecto colisiona de frente con un polo cultural y social consolidado. El predio, caracterizado por un uso compartido donde una fracción alberga dependencias administrativas con personal comunal y otra parte funciona en comodato como el Teatro de la Ciudad, gestionado por el Grupo de Teatro La Trastienda, se convierte así en el primer gran test de gobernabilidad y sensibilidad comunitaria de la nueva administración.
La herencia diferida a la determinación de la nueva gestión
El comodato original fue otorgado durante la intendencia de Carlos «Mono» Vignolo, en un período donde las políticas culturales comunales contaron con la impronta de Gabriel Romero. A lo largo de dos décadas, las administraciones que se sucedieron optaron por dejar correr los plazos sin resolver la situación dominial de fondo, postergando una definición. La gestión de Polich decide cortar esa inercia histórica y hacer valer el vencimiento formal del contrato. Desde la perspectiva de la gestión pública, la medida responde a una necesidad legítima de eficientizar recursos y concentrar el aparato estatal; sin embargo, en el terreno político, la ejecución de esa caducidad expone la tensión entre la fría lógica legalista y el volumen de un espacio con fuerte arraigo social.
La respuesta institucional y el peso de la opinión pública (Expte. N° 57514/26)
Con el fin del plazo contractual en marcha, el Grupo de Teatro La Trastienda activó la vía administrativa mediante la presentación del Expediente N° 57514/26, formalizando la solicitud de continuidad y renovación de la cogestión cultural ante el Ejecutivo comunal. Respaldada por un paquete de más de 300 firmas de referentes sociales, artísticos y comunitarios, la movilización no busca confrontar con el reordenamiento urbano, sino exigir que la planificación pública no se reduzca al desalojo, transformando el reclamo en una causa de la sociedad civil organizada.
un capital político que la gestión no puede desestimar
En el cálculo del costo-beneficio de la medida, las cifras presentadas por el colectivo artístico exponen un volumen de participación que rebasa el margen de cualquier «descarte» administrativo:
Un motor directo e indirecto de empleo técnico, producción y trabajo cultural.
Para la política comunal, estos números representan territorio, contención social y capital simbólico, factores que no pueden obviarse a la hora de evaluar el impacto de una mudanza o reasignación edilicia.
¿Modernización integral o la política del descarte?
El vencimiento de un contrato es un mecanismo formal inobjetable, pero la madurez de una política pública se mide en su capacidad de integración. Si la meta de la gestión Polich es modernizar el Estado municipal y reordenar sus dependencias, el desafío político inmediato consistirá en demostrar que dicho plan no implica el repliegue o el desarraigo de las expresiones independientes. La relocalización prometida o la apertura de instancias de cogestión en una nueva sede no deben ser una salida de compromiso, sino una prioridad dentro de la agenda pública para garantizar que el desarrollo edilicio marche a la par de la preservación del patrimonio cultural de Corrientes.
