En Gobernador Virasoro, la relación entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante viene escalando en tensión política a partir de una serie de decisiones, cruces institucionales y lecturas contrapuestas sobre la situación real de las finanzas municipales y el alcance de cada poder.
Uno de los primeros puntos de conflicto se dio a días del inicio de la gestión del intendente Guillermo de la Cruz, cuando el Ejecutivo declaró una emergencia amplia mediante resolución. La medida fue rechazada por mayoría absoluta en el Concejo Deliberante, en un gesto que marcó desde el inicio la falta de consenso político sobre el diagnóstico de la administración entrante.
En ese mismo eje aparece una divergencia sustancial sobre el estado económico del municipio. Mientras el intendente sostuvo públicamente que recibió las cuentas “en rojo” y con un importante nivel de endeudamiento, tomó estado parlamentario en el Concejo un informe del Tribunal de Cuentas que da cuenta de una realidad distinta: una existencia de caja superior a los 900 millones de pesos al momento del cambio de gestión. Esa diferencia en la interpretación de los números se convirtió en uno de los núcleos del debate político local.
Otro episodio que profundizó el conflicto institucional fue el veto parcial del intendente a la ordenanza que designaba a los nuevos integrantes del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, el Concejo Deliberante insistió con la norma, rechazó el veto en sesión ordinaria y avanzó en su aplicación. Como consecuencia, los nuevos miembros del organismo juraron sus cargos, en un acto que fue leído como una reafirmación del rol legislativo frente a la decisión del Ejecutivo.
En paralelo, desde el oficialismo municipal se sostiene que varias iniciativas impulsadas por la oposición exceden las competencias propias del Concejo y avanzan sobre atribuciones del Departamento Ejecutivo. Entre ellas se menciona una resolución que instaba al intendente a considerar una mejora salarial para los empleados municipales, en un contexto donde también se señala la reducción de la planta de trabajadores tras cesantías dispuestas por la gestión actual.
Otro punto de discusión fue la creación de un fondo de asistencia financiera destinado a trabajadores de la empresa Tapebicuá, orientado a cubrir gastos básicos como energía eléctrica y agua potable durante un período determinado. Desde el oficialismo se argumentó la falta de recursos para sostener la medida. Sin embargo, el proyecto contemplaba como fuente de financiamiento los montos que la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) adeuda al municipio en concepto de mantenimiento de alumbrado público, hoy cobrados de manera directa en la boleta del servicio eléctrico.
En este marco, la dinámica institucional de Virasoro muestra un escenario de fuerte disputa política, donde Ejecutivo y Legislativo no solo difieren en prioridades de gestión, sino también en la interpretación de los recursos disponibles y en los límites de cada poder. Más que desacuerdos puntuales, lo que emerge es una tensión estructural sobre cómo se administra, se controla y se define el rumbo del municipio.
RENATA RADA
